14 octubre 2013

Latinoamérica: Abortos inseguros causan 11 por ciento de muertes materna

Por Sara Lovera y Gloria Analco

Más de un millón de mujeres y niñas son hospitalizadas cada año en América Latina y el Caribe por complicaciones derivadas de abortos inseguros, trascendió en el seminario internacional "El derecho a decidir de las mujeres en contextos restrictivos: perspectivas y retos", realizado en la capital mexicana en ocasión del 28 de septiembre, Día Internacional por la Despenalización del Aborto.

El 95 por ciento de los abortos que se realizan en la región son inseguros y aproximadamente el 11 por ciento de las muertes maternas ocurren por su prohibición, recordaron quienes participaron en la cita, y expresaron la necesidad de abatir la falsa doble moral de quienes se arrogan el derecho de combatir la práctica legal de ese procedimiento.

Asimismo, llamaron a dar la batalla frontal para conseguir su legalización en todos los países de la región, en el mayor corto plazo posible.

El seminario contó con el auspicio de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y fue organizado también por Católicas por el Derecho a Decidir y la propia Campaña 28 de Septiembre, cuya coordinadora regional, la dominicana Sergia Galván, señaló que las cifras reflejan un panorama muy desolador por el que atraviesan cientos de miles de mujeres, muchas de las cuales encuentran la muerte por someterse a abortos inseguros, clandestino y riesgosos.

Sin embargo, este hecho parece carecer de importancia para las autoridades de cada país, con excepción de Uruguay, donde se acaba de despenalizar el aborto. En todos los demás, los gobernantes rechazan debatir y legislar sobre tan grave situación, "basándose en una falsa o doble moral sustentada en supuestos dogmas de fe", precisó Galván.

Al iniciar los trabajos del seminario internacional, María Consuelo Mejía, directora de Católicas por el Derecho a Decidir, consideró importante que se hable de la situación en Centroamérica y República Dominicana, donde ha habido casos con mucha promoción mediática debido a las dramáticas situaciones vividas por las mujeres frente a una oposición tajante de las autoridades para responder positivamente, aun cuando sus propias legislaciones así lo permitían.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis González Placencia, opinó que el debate de la despenalización del aborto "hay que irlo ganando", y agregó que el Vaticano ya ha flexibilizado ese tema, según lo dicho por el Papa Francisco, quien pidió a su Iglesia que reduzca su belicosidad y modere su hostilidad en temas tan denostados como el aborto, el matrimonio gay o el uso de anticonceptivos.

Si bien dijo que habría que esperar a ver cómo se expresa en hechos esa nueva postura de la Iglesia Católica, González Placencia agregó que, mientras tanto, es importante lograr que el Estado se comprometa a generar las condiciones legales para que las mujeres que decidan interrumpir su embarazo no sufran impactos negativos que las estigmaticen, las degraden, pongan en riesgo sus vidas y hasta sean encarceladas por tener que recurrir al aborto clandestino.

"La marginación a la que se pretende seguir llevando a las mujeres con el tema del aborto está terminando por agudizar situaciones negativas en torno a ese problema, por lo que debe encontrarse una solución pronta y expedita", expresó.

Agregó que muchos estados se autodenominan laicos, pero terminan cediendo a las presiones de sectores conservadores que utilizan una argumentación falaz para imponer la prohibición del aborto, castigando a una minoría que es estigmatizada y penalmente perseguida, por lo que llamó a eliminar los obstáculos desde el punto de vista institucional del Derecho Penal.

Durante el seminario, revelador respecto a la gravedad que representa la prohibición de esta práctica, fueron presentados casos de violación a los derechos humanos como los de "Esperancita" en República Dominicana; "Aurora" en Costa Rica; "Beatriz" en El Salvador, entre otras a quienes, en sus países de origen, les fue negado el derecho al aborto terapéutico, pese a que los médicos que las atendían demostraron que sus vidas corrían peligro si no se les autorizaba la operación.

Cada historia fue paradigmática y evidenció la fuerte resistencia que prevalece para dar solución legal a un problema que se agrava porque crece la tasa de embarazos en la población adolescente, que en muchos casos recurre al aborto clandestino. El índice de embarazos no planeados en el mundo es de 41 por ciento, y es cada vez mayor en las adolescentes.

Sergia Galván, además directora de la Colectiva Mujer y Salud en Santo Domingo, apuntó que la ilegalidad no persuade a las mujeres de practicarse el aborto cuando lo consideran necesario, y que hay casos que son verdaderamente dramáticos, como el de Teresa, una salvadoreña de 28 años, que en 2011 tuvo una pérdida espontánea de embarazo, la fiscalía la acusó de homicidio agravado y fue sentenciada a 40 años de cárcel.

"En especial estamos pidiendo la libertad de Teresa, acudiendo a todas las instancias nacionales e internacionales", señaló y reafirmó que "el aborto legal, seguro y gratuito es un asunto de derechos y un asunto de democracia".

En las conclusiones del seminario intervino la doctora Ana Güezmes García, representante en México de ONU Mujeres, quien puso de relieve que muchos países, incluido México, han ratificado convenios internacionales vinculantes para adaptar sus normas a esas indicaciones que obligan a los Estados a flexibilizar sus posturas con respecto a la interrupción del embarazo, y que tendrán que hacerlo, de un modo u otro.

Dijo que esos compromisos internacionales que los Estados han asumido abarcan a los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal) y están cargados de recomendaciones para abrazar medidas que contribuyan a despenalizar el aborto y a superar las incongruencias.

En diferentes países de América Latina y el Caribe tienen lugar, durante el mes de septiembre, acciones que buscan contribuir a la despenalización de estas prácticas, en ocasión de la celebración de la fecha, las cuales centran el debate en que el aborto ilegal es el resultado de "una violencia de Estado", por lo que urge incorporar marcos legales que hagan segura estas intervenciones cuando las mujeres así lo hayan decidido.

Fuente: Semlac

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