14 diciembre 2013

A pesar de denunciar, ocho mujeres murieron sin ser protegidas

En este año 2013, al menos 8 de las mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas habían pedido algún tipo de protección. Son muertes que se podían haber evitado. Y es que las víctimas de violencia de género siguen sufriendo trabas para acceder a la justicia y a la protección. Así lo denuncia la organización Amnistía Internacional (AI), que ha puesto en marcha una ciberacción para exigir al gobierno que la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial asegure la especialización real y no nominal de los jueces y juezas de los juzgados de violencia. Entre otras medidas, “debe garantizarse la formación y especialización del conjunto de profesionales en el ámbito de la protección y la justicia”, especifica la organización.

En lo que va de año 2013, un total de 44 mujeres han muerto a manos de sus parejas. De ellas, 8 habían presentado denuncia previa y sólo una de ellas tenía medida de protección en vigor. A pesar de que las autoridades españolas insisten en que si no hay denuncia, las mujeres no pueden recibir ayuda, Amnistía Internacional manifiesta que “el Estado no puede justificar su inacción haciendo recaer el peso en las víctimas y debe ofrecer información sobre qué mecanismos han fallado en los casos en los que sí hubo denuncia”.

Aunque la Ley Integral de Violencia de Género estableció, además de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (JVM), la obligación de formación del conjunto de profesionales con competencias en el ámbito de la protección y la justicia, a Amnistía Internacional le preocupa que no se haya logrado la finalidad de capacitación con el necesario enfoque de género.

La organización ya subrayó en su informe, ‘¿Qué justicia especializada?’ que el Consejo General del Poder Judicial debe detectar y corregir los casos de falta de diligencia para impedir prácticas que incumplan el deber de investigar y administrar justicia. “La diligencia profesional sigue dependiendo en gran medida del grado de compromiso individual del o la profesional”, asegura Virginia Álvarez, responsable de Política Interior de Amnistía Internacional España. “Las deficiencias en las investigaciones se traducen en el alto número de sobreseimiento de los casos: el 64 por ciento de ellos entre 2006 y 2011”, añade.

Por otra parte, Amnistía Internacional manifiesta que siguen existiendo prejuicios discriminatorios en el sector jurídico que, basados en género, impactan seriamente en los derechos de las víctimas en el proceso judicial. “Las víctimas de violencia de género se enfrentan a prejuicios que ponen en duda la credibilidad de sus testimonios, lo cual introduce una pesada carga para demostrar la veracidad de su relato”, declara Álvarez.

Las deficiencias en las investigaciones de oficio, el alto número de casos sobreseídos o los prejuicios a los que se enfrentan las víctimas son algunos de los obstáculos que encuentran a la hora de enfrentarse a la justicia. Pero la organización ha documentado otros, como el que refleja el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) relativo a 2011, donde se indica que la policía sólo realizó el informe de valoración del riesgo en 8 de los 16 casos en los que las víctimas iniciaron un procedimiento judicial previo a la muerte. En la mayoría de los que se realizaron eran calificados de “no apreciado o bajo”.

Consecuencias de las trabas

Amnistía Internacional ve con preocupación que, como consecuencia de estas trabas, casos como el de Sylvina Janette Bassani, asesinada en 2008, sigan repitiéndose cinco años después. Sylvina Janette, de 32 años de edad, llegó a presentar, durante los 19 meses que transcurrieron entre la concesión de la orden de protección y el día que fue asesinada por su exmarido, un total de veintiocho escritos al JVM denunciando el incumplimiento de la orden de protección por parte de su agresor. Sylvina hizo todo lo que estuvo en su mano para impulsar unas actuaciones judiciales que, durante un año, estuvieron prácticamente paralizadas.

En ese sentido, la organización señala casos como el de las cuatro mujeres asesinadas en 48 horas en mayo, así como el de la mujer asesinada en Badajoz el mes de agosto. “Incluso en aquellos casos en los que las víctimas presentan denuncia, encuentran trabas para acceder a una protección real y efectiva”, declaró Virginia Álvarez.

AI también lamenta el caso de la última mujer asesinada el pasado mes de octubre en Paiporta, Valencia, en el que, según fuentes de Gobierno, tras un juicio rápido en 2009, el caso se sobreseyó.

Han pasado ocho años desde la puesta en funcionamiento de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, diez desde que fue promulgada la Ley Integral. En esta década, más de 700 mujeres perdieron la vida a manos de sus parejas o exparejas masculinas y, según las últimas estimaciones oficiales realizadas en 2011, más de dos millones de mujeres han sufrido maltrato de género alguna vez en la vida. Cerca de 600.000 en 2011, el año de la Macroencuesta realizada por la Delegación del Gobierno.

Recomendaciones

Amnistía Internacional recomienda desarrollar procesos de evaluación de las medidas establecidas en la Ley Integral, acordes con las obligaciones de derechos humanos y los instrumentos especializados, y hacer públicos sus resultados.

Asimismo, la organización reclama al estado español que garantice la especialización real, no sólo nominal, de los jueces y juezas que acceden a los JVM, de la fiscalía y del personal de las Unidades de Valoración Forense Integral, modificando para ello los requisitos de acceso a estas plazas.

También solicita garantizar que la Fiscalía, a través de formación y de mecanismos de rendición de cuentas, realiza una labor diligente en la persecución de los delitos relacionales con la violencia de género, especialmente en lo que respecta al impulso del procedimiento, diligencias probatorias y la investigación de la violencia habitual.

Según la organización, se debe aportar la financiación necesaria para garantizar que todos los colegios de abogados del Estado disponen de turnos de asistencia a víctimas de violencia de género las 24 horas, integrados por abogados y abogadas suficientes en número y con formación específica en la materia.

Además, Amnistía Internacional reclama promover mecanismos legales y de otra índole que garanticen el derecho de las víctimas de violencia de género y sus familiares a una reparación justa y adecuada, que incluya indemnización, completa rehabilitación y garantías de no repetición por parte del Estado. Y prever cauces accesibles y ágiles para las víctimas o sus familiares que les aseguren la reparación ante situaciones en las que la violencia sufrida está relacionada con una falta de diligencia de una institución o agente del Estado, y garantizar la rendición de cuentas del agente o institución que no actuó con la debida diligencia.

Fuente: Ameco Press

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