23 diciembre 2013

El Gobierno pretende despenalizar el proxenetismo

Por Gloria López

La reforma del Código Penal impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy pretende eliminar el concepto de explotación sexual y despenalizar el proxenetismo. Así lo han denunciado el PSOE y la asociación de mujeres juristas Themis, quienes aseguran que en el proyecto, que ya ha entrado en el Congreso para su tramitación parlamentaria, se introdujeron dos modificaciones que “suponen en la práctica la legalización del proxenetismo y la cobertura legal de los prostíbulos”.

En una entrevista con AmecoPress, Ángela Alemany, de Themis, explica que el texto del anteproyecto plantea reformar el artículo 188 de la norma hoy en vigor, que establece que será penado con cuatro años y multa de 12 a 24 meses "el que se lucre explotando la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma".

Así, la modificación que propone el Ejecutivo, además de suprimir el término explotación, introduce unos condicionantes: para que se castigue al proxeneta la víctima deberá de mostrar que se encuentra "en una situación de dependencia personal y económica que no le deje otra alternativa, real o aceptable, que el ejercicio de la prostitución”, o, segundo criterio, “se impongan para su ejercicio condiciones gravosas, o desproporcionadas o abusivas".

Alemany destaca que estos criterios exigen una “interpretación o valoración por parte de los jueces”, son “muy difíciles de demostrar! y en la práctica, pretender que “solo en estos casos se penalice el proxenetismo, es, adaptar el Código Penal a las necesidades de los proxenetas”. Asimismo, insiste en que los nuevos requisitos incorporados dejan fuera del Código Penal la mayoría de las conductas de proxenetismo por la vía además de eliminar el concepto de explotación sexual, "que desaparece", algo inaudito porque todos los tratados internacionales recogen específicamente este término.

Esta reforma del Código Penal se une al proyecto de ley de seguridad ciudadana, que solo castiga la prostitución callejera. Con todo, se favorecen los grandes burdeles, territorios en los que es sabido, operan las mafias y en los que se encierra a las víctimas de trata.

Las mujeres quedarán en una situación de "vulnerabilidad absoluta" ya que deberán demostrar esa situación de dependencia económica y personal, o que se le hayan impuesto esas condiciones "gravosas, o desproporcionadas o abusivas" en el ejercicio de la prostitución.

La asociación de Mujeres Juristas defiende que la legislación quede como hasta el momento y que los cambios normativos que se propongan vayan dirigidos a la protección de las mujeres y no a avalar la esclavización de las víctimas.

Es complicado acabar con la justificación y la cobertura de este tipo de explotación y violencia hacia las mujeres, que siguen viéndose como un negocio más. La lógica del sistema en el que vivimos, lamentablemente, empuja a apoyar los grandes burdeles. Ayer mismo conocíamos la noticia de que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una pena de cuatro años y diez meses de cárcel para Pedro Farre, antiguo director del Gabinete de Presidencia de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) por cargar a las cuentas de la entidad de gestión 39.552 euros gastos particulares en “clubes de alterne”.

Fuente: Ameco Press

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