07 diciembre 2013

Redes comunitarias contra la impunidad del feminicidio en Ciudad Juárez

Por Emanuela Borzacchiello

Lo mejor era huir. Forzar una maleta difícil de cerrar, tomar en brazos a su hija y partir hacia el norte. Marisela fue maestra en la misma escuela por más de 20 años, y vivió más de 30 en el mismo barrio de la ciudad donde nació: Ciudad Juárez, la frontera entre México y Estados Unidos. Un día, salió a trabajar, y en la puerta del aula encontró un cartel colgado: “¡Vete, si no, te mataremos a ti y a toda tu familia!”. No es necesaria la firma, son los traficantes de droga de Ciudad Juárez.

Ninguna duda, sólo mucha prisa: “Desde finales de los años 90, cuando fundamos con otras mujeres la primera ONG en el mundo en defensa de las víctimas de feminicidio, Nuestras Hijas de Regreso a Casa, son constantes las condiciones de peligro en que vivimos.

Además, en los últimos cinco años, el nivel de violencia se ha triplicado de manera dramática”. Ha pasado más de un año desde que Marisela fue amenazada. Hoy vive como refugiada política en Estados Unidos, aislada de su familia y en el anonimato por razones de seguridad. Éste es un caso más de participantes de Organizaciones No Guberna¬mentales (ONG) amenazadas, periodistas torturadas, mujeres que en su vida diaria han decidido luchar contra la impunidad, y que, de repente, desaparecieron.

Durante los años de la presidencia de George W. Bush en Estados Unidos y Felipe Calderón (2006-2011), se puso en marcha el Plan México: un programa de 400 millones de dólares invertidos en la lucha contra el narcotráfico. Al igual que su antecedente, el Plan Colombia, la iniciativa destinada a México tuvo como objetivo prioritario la militarización del territorio. Oficialmente, una parte del Plan México tenía que destinar un porcentaje a las instituciones que trabajan en defensa de los derechos humanos en el estado de Chihua¬hua. En la realidad, nunca se asignaron esos recursos. En el mismo agujero desaparecieron los fondos que tendrían que invertirse en el desarrollo económico, la mejora de las instalaciones públicas y la prevención de la drogadicción. Se gastaron, en cambio, todos los dólares necesarios para asegurar una fuerte y generalizada presencia de los ejércitos, tanto de México como de Estados Unidos, en toda la frontera norte.

En consecuencia, se produjo la militarización extrema del estado de Chihuahua, donde el índice de violencia ha aumentado un 200%. Lo que significa que, en la vida diaria, la población tuvo que aprender a lidiar entre tensiones y peligros, y seguir ampliando o estrechando los límites de su libertad personal. Para Marisela: “Cuando se decide luchar contra la violencia, en especial contra el feminicidio, se trabaja antes que nada en contra de la impunidad que se genera cuando es el mismo Estado el que no garantiza el cumplimiento y la observación de las leyes”.

En cuanto al papel del Ejército y de la Policía en el tráfico de drogas, el periodista canadiense Bruce Levesey, durante años, ha realizado investigaciones de las que emergen elementos claros para analizar hechos claves y entender causas y efectos. Partimos del Plan Mérida: operación conjunta entre México y EE UU en 2008. Según Levesey: “El problema fue que en la guerra entre los dos cárteles, el de Juárez y el de Sinaloa, una parte de los militares entró en el campo de batalla para apoyar al cártel de Sinaloa, por lo que éste ganó mayor fuerza para controlar una zona que históricamente había estado dominada por los cárteles de Juárez”. En sus declaraciones, Marisela explica las formas desde las que se genera este sistema de violencia: “Es evidente que estamos dentro de un sistema político caracterizado por el machismo y la corrupción, que afecta la economía paralizando el mundo laboral y que es incapaz de garantizar derechos mínimos”.

Una de las primeras periodistas mexicanas que destacaron la relación entre los cárteles de la droga y la política es Alma Guillermoprieto. Sus investigaciones dibujan la zona geográfica que ocupan los cárteles con la intención de precisar los datos sobre el sistema de control del territorio que opera para la distribución de la droga. Se trata de un control a “manchas de leopardo”, es decir, que consiste en ir alternando los territorios controlados directamente por los narcotraficantes y las grandes áreas de influencia. De este modo, los narcotraficantes logran estar presentes en los 32 estados de la República Federal Mexicana. Cada cartel funciona como una célula. Cada célula establece una zona de dominio directo y otra de dominio indirecto. En cada zona se crean alianzas horizontales con las comunidades, se definen las redes de comunicación confiables y se establecen las estrategias y prácticas adecuadas siguiendo una lógica militarizada. Pero cada célula tiene que ser funcional al sistema, y para serlo debe tener características precisas: la capacidad de autorregenerarse y, al mismo tiempo, de ser autónoma dentro del sistema mismo. De este modo, cada célula amplía el tejido del cuerpo/cártel de los narcos.

En un sistema estatal que juega a efecto dominó en la pérdida de derechos, las mujeres en Juárez están recreando espacios sociales a partir de la necesidad de exigir justicia y, al mismo tiempo, construirla ¬colectivamente.

Contra la impunidad

Los escenarios cambian en un entramado social poroso, que genera una tensión capaz de provocar estallidos en las superficies. Antes, las mujeres asesinadas o desaparecidas eran sobre todo obreras de la industria textil, las maquiladoras. Hoy, la violencia es cada vez más generalizada: puede desaparecer una obrera, así como una estudiante, una mujer que vive en los suburbios o una juarense de clase alta. Aumentan los casos de participantes de ONG amenazadas, periodistas torturadas, mujeres que en su vida diaria han decidido luchar contra la impunidad, y que, de repente, desaparecieron. En contra de la desaparición de cuerpos y la descomposición del tejido social, las mujeres responden visibilizando la violencia.

En este sentido, una herramienta de lucha política importante son los datos. No es necesario llegar a la forma extrema de matar para deshacerse de cuerpos, sino que basta con que un Estado no actualice las estadísticas sobre el feminicidio. Los datos no sólo describen el fenómeno de la violencia, sino que también permiten analizar y comprender las herramientas necesarias para desactivar el mecanismo. Quien quiera investigar con respecto a la violencia, no ha de ir a archivos gubernamentales, sino mirar entre las informaciones recogidas por periodistas, ONG y asociaciones civiles. Las mujeres trabajan en varios frentes transformando la profanación de cuerpos en una acción positiva para toda la comunidad: desde la protección de las víctimas a la acción legal.

Según Nuestras Hijas de Regreso a Casa, un avance es que cada año aumentan las denuncias presentadas por las familias contra la policía. Este cambio de rumbo nace en el 2002 con la decisión de culpar al Estado mexicano como responsable por la muerte de las mujeres en Ciudad Juárez. En el 2001 se encontraron en un campo ocho cuerpos de mujeres y niñas.

Esta franja de tierra tenía una fuerte carga simbólica: estaba cerca de la sede del Sindicato de las Trabajadoras. La intención era clara: no sólo matar, sino profanar a las víctimas y amenazar a las obreras que luchaban en esa unión. Nuestras Hijas de Regreso a Casa decidió llevar ese pedazo de campo fuera del país y presentarlo a la Corte Interame¬ricana de Derechos Humanos. En 2009, el tribunal emitió un fallo a favor de las víctimas y por primera vez se reconoció el valor jurídico del término -‘feminicidio’. Para construir justicia y nuevos lazos sociales, la mujeres trabajan en varios frentes transformando la muerte, los cuerpos desechos en acciones vitales para todas. Volver a tejer cuerpos, los mismos cuerpos que se encuentran en el desiertos cortados en pedazos.

Al final de la década de los 90, existía sólo una ONG que se ocupaba del feminicidio. Hoy todas las asociaciones civiles de este territorio reconocen y luchan contra la violencia. Desde 2008 diez ONG realizaron una “Declaratoria Solidaria Permanente” para exigir a las autoridades de gobierno “derecho a participar en las decisiones que afectan a nuestras vidas y familias y el cumplimiento de las obligaciones que les fueron otorgadas al asumir su mandato”, como afirma María E. Ramos, directora de Programa Compañeros. La declaración sigue siendo permanente y los trabajos de todas siguen en curso.

Fuente: Ameco Press

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