31 enero 2014

Abajo la ley del aborto de Gallardón

El gobierno Rajoy también quiere imponer la “mordaza” a las mujeres

A golpe de anteproyectos, el gobierno de Rajoy reprime los derechos y libertades democráticas. Como continuidad de la “Ley mordaza”, que contradictoriamente se presenta como “Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana”, el pasado 20 de diciembre el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de la Ley de aborto presentado por Gallardón. Una ley que ni en su título garantiza la posibilidad de decisión de las mujeres sobre sus vidas, su cuerpo y su salud sexual: “Ley para la Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada”.

A la política de eliminación del estado de bienestar, pautada por la Troika y la UE, garante de los intereses de la banca y las grandes multinacionales, el gobierno añade el control del “orden social”, en forma de estado policial, e impone la moral católica que amordaza a las mujeres y devuelve a las instituciones del estado el poder de decidir sobre nuestras vidas. Como hizo el nacionalcatolicismo español, ahora, el núcleo duro del PP, orquestado por la jerarquía eclesiástica católica, sale de su “aparente retiro” para imponer sin disimulo y desde arriba su ideología machista.

¿Dónde está nuestra capacidad de decisión?

La reforma sobre la interrupción del embarazo de Gallardón no sólo nos retrotrae a 30 años atrás, cuando la regulación del aborto existía bajo una ley de supuestos, sino que impone tales límites que hará que el derecho deje de serlo y se convierta, en la práctica, en prohibición. Si se llega a aprobar, el estado Español será uno de los más restrictivos de Europa en esta materia. Se modificará la ley de plazos (vigente desde el 2010), en la que hasta las 14 semanas la mujer puede interrumpir su embarazo sin alegar razones concretas, y sólo se permitirá el aborto en dos supuestos: violación (sólo hasta la semana 12) y riesgo para la salud física o psíquica de la mujer (hasta la semana 22), siempre que sea un riesgo “permanente o duradero en el tiempo”. No incluirá la anomalía fetal grave, aunque se aceptará si la mujer acredita que esperar un hijo con malformaciones “incompatibles con la vida” daña su salud mental. Pero para esto, la mujer deberá certificarlo con dos dictámenes médicos y se le obligará a un periodo de reflexión de siete días tras recibir asesoramiento verbal.

El texto presentado por el Ministro de Justicia trata a las mujeres como seres inmaduros, incapaces de decidir sobre sus vidas, sin criterio ni conciencia. La nueva ley relaciona la enfermedad mental con la decisión de abortar, antepone el criterio de salud al derecho a decidir e, incluso, da más espacio a la objeción de conciencia, no sólo de los médicos, sino de todo el personal sanitario que interviene, antes que a la mujer.

El propio Gallardón, con rancio paternalismo calificó de “víctimas” a aquellas mujeres que en algún momento de su vida deciden no tener un hijo/a. Y paradójicamente, después de plantear en el Congreso en marzo de 2012 que muchas mujeres decidían abortar por lo que calificó de “violencia de género estructural” (falta de ayudas públicas económicas, laborales o empresariales), en el texto del anteproyecto de ley que él mismo ha presentado, no hay ni una sola alusión a esas medidas sociales o económicas que reclamaba. También desaparece todo lo referente a salud sexual y reproductiva: acceso a métodos anticonceptivos seguros o programas de planificación familiar.

El PP plantea una regulación que no sólo coarta la capacidad de decidir de las mujeres, sino que las empuja a un callejón sin salida. Sin empleo, sin condiciones laborales dignas, sin futuro… las mujeres con falta de recursos sólo podrán optar por dos caminos: o abortar de forma clandestina poniendo en peligro su salud y su vida, o afrontar el embarazo sin garantías materiales para ella y para su hijo/a.

Otra paradoja. El estado español en este tema se aleja de las políticas de los “gobiernos democráticos” europeos, que ya han lanzado públicamente sus críticas (como el caso de Francia), y se acerca a la normativa más común en América Latina o incluso África. En la mayoría de los países desarrollados (el 60% de la población mundial) se permite bajo supuestos amplios, incluidas razones económicas o sociales, o se establece como derecho de todas las mujeres en las primeras semanas de gestación. Por el contrario, cerca del 40% de la población mundial (África, América Latina, Oriente Próximo o Asia meridional), vive en países con leyes que lo prohíben o sólo se permite en supuestos restrictivos, como salvar la vida de las mujeres (Informe de la ONU de 2013 sobre el acceso al aborto).

¡Hay que abortar esta ley en la calle!

La decisión de llevar adelante la ley Gallardón, que tendrá que aprobarse en un año, se ha convertido en debate social y político en el estado español y en Europa. El rechazo a la ley lo encabezan asociaciones y grupos feministas. Las discrepancias han surgido dentro incluso del propio PP, y los partidos de la oposición la están utilizando como campaña contra el gobierno. Cinco comunidades autónomas la han rechazado: Asturias, Canarias, Cataluña, Euskadi y Andalucía (en esta última, IU y PSOE dicen que quieren “poner en marcha una `movilización’ activa en contra de la `contrarreforma’ de la ley de aborto”). Rajoy ha tenido que llamar al orden a algunos barones del PP que se han mostrado disconformes con la ley de forma pública, y la vicepresidenta, Sáenz de Santamaría, ha intentado calmar la polémica asegurando que el Ejecutivo escuchará las opiniones de los partidos y analizará los informes que se emitan, para valorar posibles cambios.

Por mucho que se retoque esta ley, la única manera de garantizar el derecho de las mujeres y las libertades que este gobierno antidemocrático nos arrebata con su política represora, es con la movilización. Es necesario que todas las organizaciones obreras nos unamos en esta lucha y nos pongamos a la cabeza para acabar con este gobierno y eliminar a este régimen corrupto y patriarcal. No hay otra salida.

Fuente: Corriente Roja

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