22 enero 2014

Los números rojos de la violencia de género en España

Por Rocio Ovalle

Desde la promulgación de la Ley Integral de Violencia de Género en 2005, el índice de condenas por este delito no ha hecho más que descender. Ha pasado del 61,47% en el primer semestre de 2006 al 50,75% en el mismo periodo de 2013 en los Juzgados de lo Penal. Es más, en 2011 llegó a ser mayor el número de absoluciones que el de condenas; un hecho insólito que la abogada experta en derecho penal, Aránzazu Juan-Aracil, denuncia, no ocurre con ningún otro delito en España. Para la jurista estos bajos índices no son casuales: “Los jueces y juezas de nuestro país no tienen voluntad de aplicar una ley que no les gusta y con la que no están de acuerdo”.

Juan-Aracil ha dirigido un grupo de trabajo sobre derecho penal en el XXV Congreso Estatal de Mujeres Abogadas, que se celebró en Barcelona. Este encuentro tiene lugar desde 1987 con el objetivo de analizar la respuesta que da el derecho a la violencia contra las mujeres. “Estamos hablando prácticamente de lo mismo que al principio. Hemos conseguido que la ley recoja nuestras peticiones pero no se aplican, lo que me parece muy preocupante”.

Para ella, el problema radica en la escasa concienciación de la judicatura en cuestiones de género. “El testimonio de las mujeres que denuncian violencia física o psicológica no genera la misma convicción en los jueces que cualquier otro delito. Por ejemplo, nadie duda cuando alguien dice que le han robado el bolso, pero sí cuando afirma sufrir amenazas”, señala la abogada, que recuerda que la judicatura es uno de los sectores más conservadores de la sociedad y que en su interpretación de la ley influye su ideología e incluso su biografía.

Fuentes del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Poder Judicial afirman que no se cuenta con información relevante para saber si el bajo índice de condenas está relacionado con la falta de voluntad de los jueces, con las renuncias de las mujeres a declarar en el juicio o con otros factores. Sin embargo, la abogada y presidenta del Congreso Estatal de Mujeres Abogadas, María José Varela, lo tiene claro: “Los jueces están preparados en los derechos de los imputados pero no en los derechos de las mujeres. La solución es la formación”.

En cambio, fuentes del Observatorio consideran que la formación de los jueces es suficiente y remiten a la guía de criterios de actuación judicial elaborada por esta institución. “Hay muchos protocolos, pero no se siguen”, se exaspera Varela. “En Cataluña se están haciendo cursos de inmersión lingüística de manera gratuita para los jueces en sus horas de trabajo y con ello suman puntos en su baremo. Si esto mismo se hiciera con cursos sobre violencia de género tendría un importante impacto, como ya se ha demostrado, por ejemplo, en Costa Rica”.

La falta de credibilidad de las víctimas es determinante en los juicios por violencia de género, en los que su testimonio juega un rol central, ya que no se suelen recabar otras pruebas. Una falta de diligencia que, según revela esta plataforma estatal, no se produce en otros crímenes. “Aunque la mujer se acoja a su derecho a no declarar, en los casos de violencia continuada el juez podría pedir informes de los médicos que atendieron a la mujer, solicitar el testimonio de psicólogos o investigar si hay algún testigo de los hechos”, señala Varela. Esta función recae sobre el juez y el fiscal, pero también sobre los abogados; un gremio cuestionado por Amnistía Internacional por actuaciones negligentes en el informe ‘¿Qué justicia especializada?’.

Vulneración de los derechos de las mujeres

Las medidas de protección de las víctimas –que incluyen la orden de alejamiento o la prohibición de comunicación, entre otras– también se aplican cada vez con menos asiduidad, a pesar de que la letra de la ley las otorga a todas las mujeres que la soliciten, cuenten o no con un parte de lesiones. Según explica Juan-Aracil, pese a que la ley es muy clara, “los jueces se amparan en que la situación objetiva de riesgo para la mujer sólo concurre si hay un parte de lesiones”. De esta manera se menoscaban los derechos de las mujeres que denuncian amenazas.

La judicatura ha pasado de aprobar el 79% de las peticiones en 2005 al 59% en la actualidad, y con ello desciende la seguridad de las mujeres, pues hay una “abismal diferencia” entre el número de asesinatos ocurridos en función de si se adoptan o no las medidas de protección. El entrecomillado procede de la memoria del Tribunal de Justicia de Cataluña, que, paradójicamente, es la comunidad autónoma que registra el índice más elevado de peticiones denegadas: el 63%, 22 puntos porcentuales más que en la media de España.

Las mujeres españolas tampoco son iguales en función del lugar donde realicen la denuncia. “Ante casos de agresión sin lesiones, como un empujón, en las audiencias provinciales de ciertos territorios exigen la concurrencia del mal llamado ‘matiz machista’ para considerarlo delito, es decir, demostrar que la agresión se hizo con intención de dominar a la mujer, algo que no está especificado en la ley. Así, la misma agresión puede considerarse falta en Barcelona y en Madrid, delito”, detalla Juan-Aracil. Una aplicación de la ley que atenta contra el principio de igualdad reconocido en la Constitución, cuya reclamación sólo serviría si se llegase al Tribunal Supremo después de interponer dos recursos.

Crisis y autocrítica

Las denuncias por violencia de género han pasado de ser 142.125 en 2008 a 128.543 en 2012, un descenso de casi el 10%. A falta de un estudio de fondo, Inmaculada Montalbán, presidenta del Observatorio, informó en nota de prensa de que esta disminución puede ser debida al impacto de la crisis económica tanto en la víctima como en su familia, que no favorece que las mujeres salgan del círculo de la violencia. Algo que se avala desde las Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas. “La crisis afecta a todos, pero sobre todo a las mujeres porque tienen miedo de no disponer de recursos para salir adelante y saben que su familia tampoco las podrá ayudar”, apunta Herminia Royo, abogada de esta asociación en Valencia.

En la calle los comentarios difieren de la visión institucional. “¡Normal que haya cada vez menos denuncias! La justicia no es justa, nadie confía ya en los jueces”, afirma indignada una mujer de 46 años (que prefiere no dar su nombre) que denunció a su exmarido por violencia de género y acabó renunciando. Por su parte, Amnistía Internacional reclama autocrítica a las instituciones para plantear soluciones a las barreras a las que se enfrentan las mujeres cuando tratan de acceder a la justicia. Descienden las denuncias, las órdenes de protección y las condenas.

Aumentan, en cambio, las renuncias de las mujeres a declarar en el juicio (hoy son el 12% del total) y los sobreseimientos por falta de pruebas (un 158% más que en 2005). Cada minuto que empleamos en intentar vislumbrar qué se esconde detrás de estas cifras, en algún lugar de la geografía española una mujer está siendo vejada por el simple hecho de ser mujer. Con suerte, pasarán rápido los minutos y el miedo que la paraliza y acudirá a la policía para reclamar sus derechos y hacerse con el control de su vida. La respuesta que le den las instituciones no dependerá de ella.

Fuente: Ameco Press

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