15 enero 2014

Satisfacer la moral podrida de la jerarquía católica a costa de los derechos de las mujeres

Por Sindicato de Estudiantes

El gobierno del Partido Popular ha decidido aprovechar al máximo los dos años que le quedan de legislatura para atacar aún más los derechos y libertades que conquistamos gracias a la lucha y a la movilización social.

La educación y la sanidad están sufriendo gravemente sus políticas que pretenden hacer de estos derechos un privilegio al alcance únicamente de quien pueda pagarlos. Aún así parece que estos retrocesos de décadas no son suficientes.

La nueva Ley del Aborto, impulsada por el Ministro de Justicia Alberto Ruíz Gallardón, deja ver claramente el carácter profundamente reaccionario de este gobierno que pretende devolvernos a la época en que la moral podrida del nacionalcatolicismo dictaba las costumbres de las personas e imponía sus reglas en el código penal.

Derechos de la mujer

Los avances logrados en la historia reciente con respecto al derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo han sido muy importantes. Si bien en el año 85 se despenalizó el aborto bajo los famosos tres supuestos de violación, malformaciones fetales o riesgo para la salud de la madre, se continuaba contemplando penas de cárcel para médicos y mujeres que no se atuvieran a dichos supuestos. Esta situación cambió en el año 2010 bajo el gobierno del PSOE: aunque no se reconocía un aborto libre y gratuito por la Seguridad Social, se daban algunos pasos importantes respecto a la situación anterior. Ofrecía la posibilidad de que las mujeres pudiéramos abortar en las primeras 14 semanas de gestación; también se podía interrumpir el embarazo en cualquier momento por la llamada indicación eugenésica, que se da cuando el feto presenta riesgo de graves anomalías o bien una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico; incluso para cumplir la ley de autonomía del paciente (aprobada por el PP en 2002) ofrecía la posibilidad de que las mujeres de 16 y 17 años abortaran sin permiso paterno, ya que según esta ley a esa edad ya son mayores para renunciar a un tratamiento médico o decidir si operarse o no.

Un retroceso inaceptable

Con la nueva ley del Aborto, curiosamente redactada no desde el Ministerio de Sanidad sino desde el Ministerio de Justicia, el PP pretende convertir un derecho en un delito, satisfaciendo así las exigencias de la jerarquía eclesiástica. Con la ley Gallardon, se retrocede a tiempos pretéritos, propios de la dictadura franquista, al suprimirse la indicación eugenésica.

No sólo eso. Para poder acreditar el supuesto de riesgo de salud para la madre, será imprescindible el informe de dos médicos diferentes (antes sólo uno) que no podrá ser el mismo que practique el aborto y que tampoco podrá trabajar en la misma clínica en la que se vaya a practicar. Las dificultades que tendrá que afrontar una mujer que quiera abortar serán enormes con esta nueva legislación, pero más aún si tenemos en cuenta las consecuencias de los recortes en sanidad perpetrados por el Partido Popular ¿de cuánto tiempo serán las listas de espera para poder obtener un informe de dos médicos diferentes que trabajen en clínicas distintas en esta situación? ¿Cuánto tiempo pasará desde que se solicita hasta que se pide ese informe? ¿Estarán a tiempo de poder abortar incluso las que obtengan un informe favorable de los dos médicos?

El tratamiento que hace la nueva Ley respecto al aborto en las menores de edad, es completamente victimizador: somete a la menor a un proceso en el que tiene que conseguir el apoyo de sus padres, del fiscal, e incluso al padre del embarazo no deseado. Al trauma de estar embarazada sin quererlo, una joven añade también un trauma igual o incluso mayor de tener que pasear su situación ante sus padres y las autoridades. Se vuelve a la atmósfera franquista, de tal manera que todo esta orientado a que baste la oposición de uno de los padres para que la joven desista de abortar y todo quede “religiosamente en familia”.

“¿Derecho a la vida?”

Estos cínicos defensores de “la vida”, fieles seguidores de la doctrina ultraconservadora católica, quieren obligar a las mujeres, y a las familias, a cargar con el pesado fardo de una existencia desgraciada. Estos señores, que son los mismos que han arrojado a 2, 2 millones de niños a la pobreza y la exclusión social (datos de Cáritas), que han legislado el despido de miles de trabajadores, los salarios precarios, los desahucios, la privatización de la sanidad y la educación, que ponen cuchillas en las vallas de Melilla para que los inmigrantes no entren en nuestro país, que no condenan la dictadura franquista ni reparan a sus víctimas y que tienen en sus filas a traficantes de armas internacionales…estos señores nos hablan del “derecho a la vida”.

Para ellos el derecho a la vida está bien, pero lo de una vida digna parece que no lo tienen tan claro. ¿Qué va a ser de los fetos con malformaciones que nazcan si el PP se está encargando de acabar con todas las ayudas a la dependencia? Además de tener una vida llena de sufrimiento tanto físico como psicológico para ellos y sus familias, se verán completamente excluidos en su día a día y abandonados por los servicios sociales que también el PP está desmantelando.

Con respecto a las malformaciones fetales que Gallardón quiere eliminar como supuesto para poder abortar legalmente, las consecuencias serán terribles. Tal y como explicaba el ex-neurocirujano infantil Javier Esparza al diario El País, existen ciertas malformaciones como la espina bífida abierta o la hidrocefalia congénita que son bastante comunes, afectando aproximadamente a entre 1 y 3 niños de cada mil en países como Reino Unido o Irlanda (en el Estado español no existen datos relativos a esta cuestión previos a la aprobación de la Ley del Aborto). Este tipo de malformaciones provocan una vida de enorme sufrimiento físico a los que las sufren con consecuencias tan graves como la parálisis de ambas piernas o parálisis completa, incontinencia, atrofia en los músculos de las piernas, deformaciones, hidrocefalia o deficiencia mental. Todo esto sin tener en cuenta la multitud de operaciones a las que un niño con este problema se tiene que someter durante años y que hace imposible, entre otras cosas, una escolarización normal de estos niños, y las consecuencias obvias que esto tiene en sus familias.

Los programas de prevención de la espina bífida en el Estado español entre los que se incluye el diagnóstico prenatal que identifica este tipo de lesiones, han logrado que la cifra de niños con espina bífida esté a niveles de 8 por cada 10.000 recién nacidos. Programas que para el PP parecen no tener razón de ser. Tan escandaloso es este tremendo retroceso que desde la propia comunidad científica se ha respondido al PP con una gran contundencia, como es el caso de los expertos en diagnóstico prenatal que se han pronunciado públicamente en contra de la “Ley Gallardón” argumentando que la supresión del aborto por anomalía fetal grave vulnera los derechos de las mujeres y las desampara en situaciones muy complejas y dolorosas.

Una cuestión de clase

Pero el problema no es únicamente que se elimine el supuesto de malformación fetal. El empeño del Partido Popular en llevar a cabo una campaña insultante sobre las mujeres que deciden abortar no ha cesado en intensidad. Desde las afirmaciones de diputadas del PP en el plenario del congreso: “las mujeres que abortan son las que menos estudios tienen”; o acusaciones de asesinas tanto para las mujeres que abortan como para los médicos que las atienden, vertidas por el Presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, el mismo sujeto que ocultó la gravedad del accidente del metro de Valencia: “…recordamos que todavía en pleno siglo XXI hay legisladores, jueces, médicos, que pretenden hacer lo mismo que hace dos milenios llevó a cabo Herodes (…) si la matanza de inocentes fue una aberración entonces, lo es ahora, aunque en cada momento se intente vestir con diferentes excusas”. Todo ello en aras de arrebatar a las mujeres el derecho a decidir sobre su cuerpo y su reproducción para otorgárselo a la Iglesia católica, a los diputados del PP y a los tribunales.

Quien tiene que tomar la decisión de abortar no lo hace ni mucho menos como plato de gusto sino todo lo contrario. Se trata una decisión difícil y traumática, pero lógicamente preferible en cualquier caso a tener hijos en unas condiciones físicas y sociales que no puedan garantizar su desarrollo y una vida digna.

Al Partido Popular no le preocupa realmente reducir el número de abortos. Si así fuera no impulsarían esta Ley ya que, según los datos del propio Ministerio de Sanidad, el número de interrupciones voluntarias del embarazo bajó un 5% en 2012 bajo una ley que permitía entre otras cosas la interrupción libre del embarazo durante las primeras catorce semanas. Ese año abortaron 112.390 mujeres, unas 6.000 menos que en 2011 con la legislación anterior.

Lo que le ocurre al Partido Popular es que no puede esconder el tufo atrasado y reaccionario que corre por sus venas y que es una de sus principales señas de identidad. En vez de prevenir embarazos no deseados con educación sexual en la escuela pública, lo que intentaron hacer hace pocas semanas fue imponer que la religión fuese una asignatura de oferta obligada para niños de educación infantil. Eso sí es realmente importante para ellos. Explicar a los niños de cuatro años lo que la Santa Iglesia nos tiene que decir. Cosas como que las mujeres deben ser sumisas y que por tanto no pueden tener capacidad para decidir por sí mismas, como predicaba el libro editado por el Arzobispado de Granada titulado “Cásate y sé sumisa.”

La demagogia de Gallardón cuando dice que quiere proteger las mujeres con esta Ley es incalificable. Desde luego, está claro que este gobierno retrógado no pone ningún empeño en defender los derechos de las mujeres, por ejemplo, en que tengan unas condiciones laborales dignas e iguales a los hombres; tampoco protege a las madres solteras que están en paro y son desahuciadas; y desde luego no protege a las mujeres cuando les niega el derecho a decidir sobre su propio cuerpo y su propio futuro bajo amenaza de ser condenadas como si fueran delincuentes.

Esta nueva ley del aborto va a suponer un retroceso tremendo que tendrá sus peores consecuencias para las mujeres y las familias trabajadoras. Las que sufren el paro y no tienen medios para mantener a un hijo, las que no podrán hacerse cargo de los costes médicos de un niño con malformaciones. Esta política volverá a repetir las escenas de abortos clandestinos en clínicas de mala muerte, con graves riesgos para la salud tanto de la madre como del feto. Y por supuesto no afectará igual a todos. Las familias con recursos económicos podrán hacer como antes y enviar a sus hijas a abortar a Londres o tener todos los medios disponibles para mantener a un hijo, aunque sea no deseado. Como siempre, el PP golpea a las familias trabajadoras y pretende quitarnos hasta el último de nuestros derechos.

Desde el Sindicato de Estudiantes defendemos el derecho al aborto libre y gratuito a través de la Seguridad Social y en las mejores condiciones mediante una ley de plazos que permita a las mujeres tomar sus propias decisiones sobre su cuerpo, su maternidad y su vida. Este gobierno no defiende los derechos de la mayoría de la sociedad, de las familias trabajadoras, y por eso le importa muy poco el escenario de drama social, de paro, de bajos salarios, de destrucción de la sanidad y la educación públicas que ellos mismos están provocando. Sólo la lucha y la organización harán posible invertir este escenario y garantizar unas condiciones de vida dignas, y plenos derechos y libertades, para millones de personas.

Fuente: Kaos en la Red

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