11 abril 2014

Continúan bajando las denuncias y aumentando las renuncias

Ángeles Carmona
Por Gloria López

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género con sede en el Consejo General del Poder Judicial, la vocal Ángeles Carmona, ha hecho públicos hoy en una complicada rueda de prensa los datos estadísticos sobre denuncias, procedimientos penales y civiles registrados, órdenes de protección solicitadas en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales en esta materia correspondientes al año 2013.

Las estadísticas hacen evidente que se necesita una reflexión y, además, tomar decisiones: el año 2013 se cerró con 124.894 denuncias, diez menos al día que en 2012, aunque el descenso es menos acusado que en ejercicios anteriores. Esta caída de denuncias fue acompañada por un aumento del 1,2 por ciento en el número de renuncias a continuar el procedimiento. Once mujeres murieron por violencia de género, a pesar de haber denunciado. Y solo en el 6,7 por ciento de los casos se acordó la suspensión de la guarda y custodia de los hijos e hijas, en un 3 por ciento la suspensión del régimen de visitas y en un 0,3 por ciento la suspensión de la patria potestad de los maltratadores.

Carmona, cuyo nombramiento ha generado mucha polémica y el rechazo por gran parte de las asociaciones de mujeres a quienes preocupa la independencia el Observatorio, ha abogado en repetidas ocasiones y ante las preguntas concretas de las y los periodistas por “analizar y estudiar” de un modo exhaustivo los datos para saber por qué se producen determinadas situaciones. Por ejemplo, por qué siguen muriendo mujeres que toman la valiente decisión de denunciar. O por qué los jueces, aunque pueden por ley impedir que los maltratadores vean e influyan en sus hijos e hijas, siguen negando pocas visitas y custodias.

La presidenta del Observatorio ha defendido también la “especialización de los juzgados” y la necesaria “coordinación institucional”. En ese sentido, ha recordado el compromiso con el Ministerio que dirige Ana Mato para crear tres grupos de trabajo que a lo largo de los próximos meses abordarán la violencia de género desde distintas perspectivas. Asimismo, ha aludido a la propuesta del Ministerio, en concreto de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, para que el CGPJ organice antes de finales de año, un congreso para analizar el funcionamiento de la Ley Integral durante estos diez años. Carmona ha valorado reiteradamente el haber incluido al Ministerio de Interior en estos grupos y esta coordinación.

La responsable del organismo que estudia la respuesta judicial ante la violencia machista tampoco ha emitido una opinión definida sobre las causas que a su juicio están haciendo descender el número de denuncias, sin que eso signifique que se haya reducido la violencia de género. En todo caso, advertida por las críticas emitidas desde asociaciones de mujeres por la retirada de recursos orientados a la prevención, la protección y el apoyo a las víctimas de maltratos, Ángeles Carmona ha asegurado que “los recursos asistenciales no se han reducido” y que “son las comunidades autónomas las responsables de su administración”.

Según el informe del año 2013 presentado hoy, el 70,5 por ciento de las denuncias fueron presentadas por las propias víctimas, frente al 14,6 por ciento resultado de la intervención directa de la Policía y el 11,5 por ciento de partes de lesiones. Sólo en el 1,5 por ciento de los casos fueron familiares de la mujer agredida quienes denunciaron, mientras que las denuncias registradas a raíz de la intervención de los servicios asistenciales fueron el 1,9 por ciento. “Se necesita concienciación y sensibilización”, ha dicho la presidenta del Observatorio”, “hay que encontrar la complicidad de toda la sociedad en la lucha contra la violencia”.

Y es que, aunque desde la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género, esta forma de violencia deja de abordarse única y exclusivamente desde el ámbito punitivo para pasar a acometerse desde un enfoque integral y multidisciplinar y dejamos de hablar de violencia doméstica para sacarla al ámbito de lo público, los datos evidencian que no prima ese enfoque en la sociedad ni en la misma justicia.

Más renuncias a continuar el procedimiento en relación con las denuncias presentadas

El año pasado se produjeron 15.300 renuncias a la continuación del proceso en fase de instrucción, lo que supone un 12,25 % en relación con el número de denuncias presentadas. El 60 por ciento de las mujeres que renunciaron eran españolas (9.173).

Si bien en números absolutos las renuncias descienden ligeramente respecto a 2012, cuando se produjeron 15.559, el hecho de que ese año hubiera más denuncias, 128.543, significa que la ratio de renuncias/denuncias aumentó un 1,2 por ciento en 2013.

Casi 20.000 órdenes de protección estimadas

Los jueces y juezas de violencia sobre la mujer se pronunciaron el año pasado sobre 32.831 solicitudes de órdenes de protección, un 5 por ciento menos que en 2012, y estimaron 19.349, casi seis de cada diez. En casi seis de cada diez casos –el 55,5 por ciento - la relación de pareja se mantenía en el momento de solicitar las órdenes de protección, mientras que en los otros cuatro casos la relación afectiva se había extinguido. Este dato se mantiene estable respecto al año 2012.

Además, derivadas de las órdenes de protección y medidas cautelares se adoptaron 59.597 medidas penales, entre las que destacan la orden de alejamiento (acordada en el 86,2 por ciento de los casos), la prohibición de comunicación (adoptada en el 84,2 por ciento de los supuestos) y la prohibición de volver al lugar en el que se cometió la agresión (en el 12 por ciento).

Estas cifras se mantienen en los registros del año anterior, con muy ligeras variaciones en los porcentajes. Al mismo tiempo se dictaron 15.116 medidas civiles cautelares mientras se resolvía el proceso penal. S

e mantiene la baja proporción de medidas cautelares civiles respecto de las penales. De éstas, un 25 por ciento acordaron la prestación de alimentos, un 20,5 por ciento se pronunciaron sobre la atribución de vivienda, en otro 6,7 por ciento de los casos se acordó la suspensión de la guarda y custodia de los hijos, en un 3 por ciento la suspensión del régimen de visitas y en un 0,3 por ciento la suspensión de la patria potestad.

Más de 47.000 sentencias penales

Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer celebraron en 2013 un total de 9.164 juicios de faltas, el 87 por ciento de ellos por vejaciones injustas o injurias. En el 43 por ciento de los casos se trató de juicios rápidos. Mientras tanto, en todos los órganos competentes en el ámbito de la violencia de género -Juzgados de Violencia sobre la Mujer, Juzgados de lo Penal y Audiencias Provinciales- se dictaron 47.144 sentencias penales, de las que el 60% fueron condenatorias (28.275) y el 40 por ciento absolutorias (18.869), manteniéndose la tendencia respecto al año anterior.

Juzgados de Violencia sobre la Mujer

Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer dictaron en 2013 un total de 17.961 sentencias penales, de las que casi el 74,2 por ciento resultaron condenatorias y el 25,8 por ciento absolutorias. El perfil de los delitos instruidos a través de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer permanece prácticamente estable: el más habitual es el de lesiones del artículo 153 del Código Penal (un 63,2 por ciento), seguido por el de lesiones habituales, delitos contra la libertad y lesiones graves del artículo 148 (el 22,8 por ciento).

Destaca el aumento de los homicidios investigados en todas sus formas, que en números absolutos pasaron de 85 en 2012 a 93 en 2013; así como los abortos, que de uno en 2012 han pasado a 6 en 2013. Respecto a los juicios rápidos por delito, en 2013 se tramitaron por esta vía 52.122 asuntos, lo que supone el 30% del total de asuntos ingresados en los Juzgados de Violencia sobre la mujer.

Los juicios rápidos, introducidos en 2003 para dar una pronta respuesta a las víctimas, abordan los delitos flagrantes y los de sencilla instrucción con pena privativa de libertad inferior a 5 años. Estos juzgados tramitan además demandas civiles –mayoritariamente de separación y divorcio- presentadas por las mujeres víctimas de malos tratos. Estas demandas representan casi un 16,8 % de las denuncias presentadas. En el ámbito civil, ingresaron un total de 21.039 asuntos, cifra que supone aumento del 2,7 por ciento respecto a 2012.

Juzgados de lo Penal

Los Juzgados de lo Penal, que enjuician los delitos castigados con hasta cinco años de cárcel, dictaron 28.832 sentencias sobre violencia de género. En el 50,9 por ciento de los casos fueron condenatorias (14.676) y en el 49,1 por ciento absolutorias (14.156), manteniéndose la tendencia del año anterior. Estos Juzgados resolvieron un total de 30.154 asuntos, casi mil más que el número de asuntos ingresados (29.260).

Audiencias Provinciales

En las Audiencias Provinciales, cuyas secciones especializadas en Violencia sobre la Mujer enjuician los delitos más graves -con pena privativa de libertad superior a cinco años-, se dictaron 351 sentencias. De ellas, el 79 % fueron condenatorias (277) y el 21 por ciento absolutorias (74). Se mantiene también la tendencia del año 2012.

Juzgados de menores

Por último, los Juzgados de Menores enjuiciaron en 2013 a 151 menores de edad e impusieron medidas a 133 de ellos. El año anterior hubo 144 menores enjuiciados y se impusieron medidas a 130, lo que significa que el número de menores enjuiciados ha aumentado en un 4,8 por ciento.

Fuente: Ameco Press

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