22 julio 2014

Belkis Izquierdo, la primera magistrada indígena de Colombia

En un hecho considerado histórico en la Rama Judicial colombiana, la indígena de la etnia arhuaca, la abogada Belkis Florentina Izquierdo ocupará el cargo de magistrada auxiliar en la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

La abogada se posesionó en dos ceremonias. Una en la que el magistrado Néstor Raúl Correa le tomó juramento y firmó un acta de posesión y otra en presencia de su familia en medio de una ceremonia tradicional.

Izquierdo estudió su bachillerato en la Sierra Nevada de Santa Marta y Derecho en la Universidad Nacional de Colombia, de donde se graduó hace 14 años. Tiene 39 años de edad y es conocida en su comunidad como “Ati Seiquinda”.

Antes, se desempeñó antes como funcionaria de la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, entre otros cargos en el gobierno, además de liderar siempre temas en beneficio de los pueblos indígenas.

La arhuaca que llega a las altas cortes

En su flamante cubículo del Palacio de la Justicia, en Bogotá, llama la atención su atuendo tradicional: un vestido blanco de tela liviana y mangas cortas, finamente bordado con hilos de colores, adornado con un collar y una pequeña flor de perlas, de varios colores. Lleva suelto el cabello. Es un día lluvioso, pero ella dice que en la Sierra Nevada de Santa Marta siempre salen así, incluso cuando hace frío.

Habla rápido, con voz fina pero firme, y no podría ser más clara. Una idea atraviesa toda su argumentación: la necesidad del diálogo entre las culturas. Ella lo llama interculturalización, que –subraya– es algo muy distinto al multiculturalismo.

Este último, según ella, acepta las diferencias culturales, pero se queda allí. El resultado es coexistencia, no una convivencia verdadera, sin aprendizajes mutuos.

La interculturalización, en cambio, es “reconocer que somos diversos, con diferentes modos de entender la vida, pero con valores en común y apuestas sobre cómo mejorar la sociedad”. En resumen, se trata de construir un mundo mejor a partir de lo valioso que puedan aportar las distintas culturas, en una búsqueda común de soluciones.

Este concepto podría ser de gran valor, por ejemplo, en la protección del ambiente, dice Izquierdo. “Los pueblos ancestrales podemos aportar una gran claridad sobre esos sitios que no se deben explotar porque son garantía de vida para todos –anota–. Los seres humanos tenemos la responsabilidad de trabajar por el equilibrio del planeta, y los principios de los pueblos ancestrales son principios universales de vida. Valdría la pena reconsiderarlos desde la perspectiva de la sociedad capitalista occidental”.

Pero eso sigue siendo solo un ideal. “Hay una invisibilidad epistémica en virtud de la cual se valora un tipo de conocimiento y se desconocen otros”, lamenta. Muchas veces, agrega, se escucha la postura indígena, se la reconoce con palabras, pero muy pocas veces se le permite imponerse sobre otras. “Así no puede haber un diálogo horizontal”, concluye.

Su misión en el Consejo Superior de la Judicatura es precisamente trabajar para que eso cambie. Por eso, una de las tareas de su despacho es la coordinación entre jurisdicciones especiales, como la indígena, y la justicia occidental.

A Izquierdo, abogada de la Nacional –se graduó en el 2000–, le gusta basarse en la Constitución Política, sobre todo en el artículo séptimo. “Allí Colombia se reconoce como país multiétnico y pluricultural, y se dice que hay que proteger esta diversidad. Toda la institucionalidad del Estado debe comprender este principio orientador”, sentencia.

En consecuencia, los pueblos indígenas pueden tener sus propios sistemas jurídicos, que coexisten con el estatal. “No es que uno sea mejor o peor. Hay que buscar una verdadera cooperación, y, sobre todo, una justicia realmente transformadora”, opina la magistrada.

Para los arhuacos, un buen sistema judicial debe guiarse por principios diferentes a los que rigen en
Occidente. Ellos buscan una justicia que recomponga la armonía entre el ser humano, su comunidad y el mundo; que no estigmatice a la persona que cometió un crimen, y que no vea al individuo como el único responsable del delito. “Para encontrar la causa de la desarmonización miramos el contexto”, explica.

Y en ese proceso, la familia es fundamental. La togada da un ejemplo: hace unos años, recién salida de la universidad, un joven de su comunidad cometió un hurto. Entonces, se hizo un interrogatorio abierto al chico y a sus parientes, en el que participaron los miembros de la comunidad que quisieron asistir. Le preguntaron al joven cuándo fue la primera vez que vio a alguien robar y resultó que había sido un familiar.

Para ella, la justicia trasciende lo penal, así como la salud va más allá de no estar enfermo. En ese sentido, sostiene, para lograr la armonía anhelada habría que luchar contra la inequidad: “Todos los seres humanos deberíamos tener unas condiciones mínimas para vivir bien. El desequilibrio de que tú puedas estar en la gran abundancia mientras otros están muriendo de hambre no es justicia. Trasladar este principio a la política pública sería un aporte muy grande que podríamos hacer los indígenas”.

Sin embargo, reconoce que Occidente también puede aportar cosas importantes. Las tecnologías de la comunicación, o medicinales, por ejemplo. “No vamos a desconocer el valor de una radiografía”. Pero siempre vuelve a la otra cara de la moneda: la necesidad de que los pueblos indígenas sean respetados con sus propios valores.

Una meta lleva a otra

Izquierdo siempre tuvo clara su meta: ser abogada. La otra opción era casarse joven, pero eso no era para ella. Sin embargo, le costó adaptarse a la universidad. “Nosotros venimos de un nivel académico que no es de los mejores (sin computadores ni libros actualizados, y con algunos maestros de bajo nivel). Por ejemplo, no nos enseñaron a redactar bien ni largo. Por ello, cuando uno ingresa a la facultad, tiene que hacer el doble de esfuerzo”, admite.

Hoy, agradece la ayuda de varias personas que ha encontrado en el camino. Por ejemplo, las compañeras que siempre la llamaban para estudiar juntas. O su esposo, un indígena del pueblo inga, del Putumayo, que siempre la apoyó. “Si no hubiera sido así, yo no hubiera logrado salir”, afirma.

Y está especialmente agradecida con su jefe, Néstor Raúl Correa, de la Sala Administrativa. “Cualquier otro magistrado pudo haber nombrado a una indígena, pero no lo hicieron. Él sí, y siempre me insiste en que aporte mi enfoque de mujer, de derechos humanos y de indígena”, subraya.

Su próxima meta es trabajar por la interculturalización en las universidades, para que los líderes del futuro aprendan la necesidad del diálogo y entiendan mejor los planteamientos indígenas. “Nos abren la universidad, pero solo para que aprendamos todo el conocimiento de afuera. No hay espacios para hacer una reflexión sobre los valores propios”, lamenta.

Fuente: Ameco Press

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